En deuda con derechos de la niñez debido al conflicto armado

Publicado en por MINGA.

ALAI, América Latina en Movimiento

2009-11-20
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Colombia

En deuda con derechos de la niñez debido al conflicto armado

IPC

No obstante los ingentes esfuerzos adelantados por el Estado colombiano en los últimos años tendientes a garantizarles a los niños, niñas y adolescentes del país el disfrute pleno de sus derechos, aún se siguen presentando casos preocupantes de vulneraciones a esta población, debido en gran parte a la persistencia del conflicto armado y al recrudecimiento de la violencia urbana.
 
Así lo conceptuaron los asistentes al Primer Encuentro de Autoridades Municipales por la Niñez y la Adolescencia, celebrado este viernes 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones de la ciudad de Medellín y con el cual, el Ministerio Público, el gobierno local y las agencias del sistema de Naciones Unidas se sumaron a la conmemoración mundial del XX aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos del Niño.
 
El evento contó con la participación de Cristhian Salazar Volkmann, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quien mostró su preocupación por la manera cómo el conflicto armado interno viene impactando de manera negativa en el desarrollo de la niñez y adolescencia, principalmente en aquellas comunidades marginales como lo son los afrocolombianas y las indígenas.
 
Debido a que los métodos de confrontación han cambiado, en parte porque la guerra se ha trasladado a zonas muy distantes habitadas principalmente por estos colectivos, las afectaciones a los menores de 14 años en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, entre otros, son más frecuentes pero a la vez más invisibles. 
 
Según Salazar Volkamnn, su Oficina ha podido conocer casos de reclutamientos forzados por parte de grupos armados ilegales, accidentes con minas antipersonas, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados cometidos contra la población infantil en estas regiones del país.
 
Como ejemplo, el Dignatario citó el caso de la comunidad indígena Awá, ubicada en el departamento de Nariño, que en febrero y agosto del presente año fue víctima de dos incursiones armadas que cobraron la vida de por lo menos 17 personas en la primera acción, y 12 en la segunda. Se ha podido establecer que al menos 10 de las víctimas eran menores de 15 años.
 
También hizo referencia a la situación vivida en el mes de mayo por los líderes del cabildo de Jambaló, quienes recibieron una circular enviada por el Frente VI de las Farc, en la que anunciaban el inicio de una campaña de reclutamiento forzado de adolescentes, con o sin su consentimiento.
 
“Esto es muy delicado porque muestra que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es parte de la política de este grupo guerrillero”, manifestó Salazar, quien le pidió a este grupo cesar con esta práctica y devolver a los menores de edad que tienen en sus filas.
 
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado, las guerrillas no son las únicas que vienen adelantando esta práctica, considerada por el Estatuto de Roma como un crimen de guerra. Los grupos emergentes surgidos de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), vienen vinculando en sus filas niños para labores de inteligencia, transporte de armas, venta de drogas, entre otros.
 
 
 
Medellín: caso preocupante 
 
Salazar Volkmann tampoco ocultó su preocupación por la situación que viene padeciendo la población infantil de la ciudad de Medellín, donde el recrudecimiento de la guerra entre bandas ligadas al narcotráfico ha cobrado la vida de más 1.700 personas en lo que va corrido del año, de los cuales 110 eran menores de 18 años.
 
Las disputas armadas entre estas estructuras por el control de actividades ilícitas en las comunas de la capital antioqueña no sólo ha derivado en el vertiginoso aumento de las muertes violentas, sino que también ha desencadenado una crisis humanitaria reflejada en el incremento de los desplazamientos forzados intraurbanos, motivados en su mayoría por amenazas de reclutamiento forzado hacia los hombres o, como lo manifestó el Director de la Oficina del Alto Comisionado, por las presiones contra las mujeres para someterlas a explotación sexual.
 
“Tenemos muchos casos documentados donde las bandas están vinculando a los chicos casi a la fuerza a cosas como venta de drogas, transporte de armas, sicariato, entre otros. Pero también conocemos casos de esclavitud sexual contra las niñas, que son obligadas a prostituirse por parte de estas bandas”, manifestó Salazar Volkmann.
 
Sus observaciones se suman a las expresadas días atrás por organizaciones no gubernamentales de la ciudad que también señalan con inquietud como la violencia en los barrios viene afectando  derechos fundamentales para los niños como lo es la educación. En reunión efectuada el pasado 18 de noviembre en la Institución Educativa Santander, al noroccidente de esta ciudad, los rectores de varios colegios del sector manifestaron las dificultades que tendrán para el cierre del año lectivo, pues un número importante de alumnos decidió no retornar a clases debido a las amenazas de las bandas armadas.
 
Los casos son tan dramáticos que en algunas instituciones educativas como la del barrio Kennedy, que sufrió el asesinato de dos estudiantes en el mes de julio, han tenido que flexibilizar el uso del uniforme, para que no sean identificados y convertidos en blanco de los armados.
 
“Los jóvenes llevan el uniforme en la maleta y se cambian en el colegio. Todo para que no se den cuenta que estudian en ese colegio, porque si no tienen problemas con una banda que es de otro barrio que ya domina la cuadra donde está ubicada la Institución”, le contó a la Agencia de Prensa Carlos Arcila, miembro de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, quien estuvo presente en dicho encuentro.
 
Por situaciones como esta, la capital antioqueña es objeto de un monitoreo especial por parte la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a fin no sólo de documentar y denunciar casos de violaciones a los derechos humanos, sino de ayudar a las autoridades locales a encontrar salidas al drama que viven hoy los niños, niñas y adolescentes.
 
Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia www.ipc.org.co/agenciadeprensa


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