COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
La Organización Indígena de Antioquia lamenta informar a la Opinión Pública nacional
e internacional, que el pasado viernes 19 de febrero, siendo las 11:25 a.m., tiene lugar
el fallecimiento del bebé de un mes de nacido, hijo de Celina Majoré, y que había sido
victima del bombardeo perpetrado por la Brigada XVII de Carepa, en conjunto con la
Fuerza Aérea del Ejército Nacional, el 30 de enero de 2010 en la comunidad de Alto
Guayabal, Resguardo Indígena Urada-Jiguamiandó.
Aunque todavía no se ha practicado una necropsia por parte de un médico legal que
determine científicamente la causa de la muerte del menor, podemos afirmar que este
lamentable hecho posiblemente tiene un nexo causal con traumas sufridos por el
bebé, con ocasión de los múltiples impactos de las bombas que fueron lanzadas por el
Ejército contra el tambo donde se encontraba en compañía de su madre y otras tres
personas, de las cuales dos aún se encuentran hospitalizadas.
Así mismo denunciamos que no fue posible el auxilio de este menor debido a que las
tropas del Ejército que actualmente ocupan el Resguardo Urada Jiguamiandó,
impidieron la comunicación entre la comunidad, la Organización Indígena de Antioquia
o cualquier otra organización indígena, dejando a la comunidad en confinamiento
forzado.
Estos hechos configuran una clara y abierta infracción a los Derechos Humanos y a las
normas del Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército Nacional, quienes
no sólo lo bombardearon sino que además impidieron la oportuna atención del menor
a pesar del pedido expreso de la comunidad.
La Organización Indígena de Antioquia responsabiliza a la Brigada XVII de Carepa y a la
Fuerza Aérea del Ejército Nacional por los terribles hechos descritos y repudia la
ocupación militar a la que están siendo sometidos los Resguardos Indígenas y las
restricciones que esta implica, y llama al Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Defensa y la Presidencia de la República para que asuma su responsabilidad por estos
hechos; y a los órganos de la Justicia Ordinaria y de control (Ministerio Público) a fin de
que se inicien inmediatamente las investigaciones del caso y se judicialice a los
responsables directos, para que estos crímenes no queden en la impunidad.
Así mismo llamamos a la solidaridad y al acompañamiento de todas las organizaciones
sociales y comunitarias nacionales e internacionales que se identifican con el respeto a
los Derechos Humanos, y en particular con los Derechos de los Pueblos Indígenas, para
que condenen la comisión de estos delitos de lesa humanidad.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL TERRITORIO, LA UNIDAD, LA CULTURA Y LA
AUTONOMÍA.
CONSEJO DE GOBIERNO INDIGENA
ORGANIZACIÓN INDIGENA DE ANTIOQUIA
Medellín 22 de febrero de 2010.
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